Por si no hay suficientes discusiones sobre la situación de
la lengua española en los Estados Unidos, el conflicto lingüístico vuelve al
plano político en Puerto Rico. La isla caribeña, una de las últimas colonias
separadas de España en 1898, es hoy un “estado libre asociado” de Estados
Unidos. Hay quienes plantean, dentro y fuera de la isla, que debe convertirse
en el estado 51 de la Unión: así piensan el Partido Nuevo Progresista, que está
en la oposición, o el ex gobernador de Florida Jeb Bush, hoy en la carrera para
las presidenciales por el Partido Republicano, y que así lo manifestó en una
visita a la isla el pasado abril.
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Eso dentro del
arco parlamentario, porque fuera existen otras opciones no menos llamativas:
MRE son las siglas de la asociación Movimiento de Reunificación de Puerto Rico
con España, que han denunciado ante organismos internacionales el Tratado de
París, por el que España cedió la isla a los Estados Unidos hace 117 años. Al
igual que un grupo minoritario cubano que opera desde Francia, piden que el
tratado sea invalidado y su territorio pase a ser una comunidad autónoma
española, y de paso integrarse en la Unión Europea. No parece, de todos modos,
una idea con visos de progresar en ninguna de las dos islas caribeñas.
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La propuesta
la presentó Antonio Faz Alzamora, ex presidente del Partido Popular Democrático,
que hoy está en el poder, arguyendo que “al establecer el español como primera
lengua, fortaleceremos y validaremos la realidad de que más del 80% de los
puertorriqueños no entienden ni hablan inglés”, y recordando que no se trata de
una medida que propugne “solamente español” (Spanish Only), sino “el español primero” (Spanish First). En el otro lado, el presidente del Senado defendía
que “en el siglo XXI los esfuerzos gubernamentales deben ir dirigidos al ‘pluriculturalismo’,
incluyendo la diversidad de idiomas”. Los argumentos de la senadora
independentista eran otros: que el español debe ser el único idioma en Puerto
Rico si quieren preservar su identidad cultural.
Es un asunto
con muchas aristas, porque es sobre todo un problema político, como suelen ser
todos los asuntos lingüísticos. Hace unos meses, varios medios norteamericanos
denunciaban una situación que raya entre el absurdo y la picaresca: varios
cientos de casos en que ciudadanos puertorriqueños estaban recibiendo
prestaciones (benefits) de la Seguridad
Social por ser considerados “discapacitados” (disabled) por el hecho de no hablar inglés. Es una paradoja, en un
territorio donde según el último censo el 95% de la población se expresa en
casa en castellano, y el 84% admite que no habla inglés “muy bien”.
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